EL FILTRO.... QUE LINDA NOCHE DE LA NOSTALGIA EH!!! (ironía)

Uruguay: Se viene la marcha del Filtro... 24 de agosto: noche de la memoria


Foto: Eliana Gilet
El 24 de agosto de 1994, Jesús Goitía, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde fueron extraditados a España en un avión de la Fuerza Aérea de dicho país. Los tres ciudadanos vascos habían llegado a Uruguay a mediados de 1980, buscando un lugar donde refugiarse tras la persecución de los servicios de inteligencia españoles, que los acusaban de pertenecer a ETA.
En Uruguay abrieron dos restaurantes, y si bien los vascos eran militantes políticos, no intervinieron en la política interna de nuestro país, dedicándose a gestionar sus empresas. El propio ministro del Interior, Antonio Marchesano, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, confesó a El Observador: “Nosotros sabíamos de la presencia de esa gente. Lo único que puedo decir es que durante el gobierno de Sanguinetti, España nunca nos pidió su extradición“.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los servicios de inteligencia españoles y uruguayos comenzaran a seguir sus pasos bien de cerca. Desde fines de 1970, y durante la siguiente década, los representantes del Estado Español, encabezados por el gobierno de Felipe González y miembros de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), -organización que utiliza la lucha armada como método para obtener la autodeterminación del País Vasco- mantuvieron “negociaciones para la paz”. A principios de 1989, en el marco de esta tensa coyuntura, Argel, capital de Argelia, fue sede de nuevas negociaciones, que no prosperaron.
Desde ese momento, el gobierno español lanzó una fuerte ofensiva contra ETA. Los militantes vascos, que se encontraban refugiados en el exterior, fueron estrictamente vigilados y varios de ellos extraditados a España. A esta estrategia de desmantelamiento se sumó la complicada situación económica en que se encontraba el Estado Español.
El 23 de julio de 1992 en Madrid, Luis Alberto Lacalle, entonces Presidente de la República, firmó el Tratado de Cooperación y Amistad con España, que implicaba una cooperación política y económico–financiera a desarrollar en un programa global de cinco años, con una inversión española prevista de 300 millones de dólares en el sector industrial privado. Según informes periodísticos de la época, las donaciones españolas impulsaron al gobierno a acceder al requerimiento de los “etarras” por parte del Estado español.
En el marco de la ofensiva lanzada por España contra ETA, el 15 de mayo de 1992 el ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, ordenó el allanamiento de la “La Trainera”, un restorán exclusivo al que solía concurrir el propio ministro y otras autoridades políticas. También se allanaron ocho residencias particulares y hubo un total de 29 personas detenidas. Trece de ellas no recobraron su libertad de inmediato, y finalmente ocho fueron requeridas por el gobierno español. Sin embargo, la Justicia uruguaya otorgó la extradición sólo a tres de los detenidos: Jesús Goitía, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde.
Comenzó así una corta pero tensa carrera por amparar a los ciudadanos vascos en el derecho de asilo, que la legislación uruguaya establece y que ha sido históricamente una tradición. Se generó un movimiento popular de solidaridad con los presos. El secretario de Estado para la Seguridad española, Rafael Vera, desplegó en Montevideo un operativo de propaganda para involucrar a los detenidos en numerosas acciones de la ETA. Ante los rumores de que podían ser expulsados del país, los tres vascos iniciaron una huelga de hambre. Sus sospechas se confirmaron cuando el fiscal de corte Miguel Langón decidió anular la acusación por el delito de fabricación y uso de documento falso, por el que habían sido procesados. Según la legislación penal, un pedido de extradición sólo se puede concretar una vez que se cumpla la pena. Al eliminar el delito, se posibilitaba la expulsión de los vascos. Todo este proceso se llevó a cabo en coordinación con las autoridades españolas, que dispusieron la llegada de un avión del Ejército del Aire español. La extradición ya era un hecho y se llevó a cabo a través de mecanismos encubiertos.
Los vascos fueron trasladados de Cárcel Central al Hospital Filtro cuando llevaban 16 días de huelga de hambre seca, debido a su delicado estado de salud. Ante la inminente estrategia de expulsión de los vascos, miles de personas salieron a las calles en apoyo al pedido de asilo político por parte de los detenidos.
En los alrededores del nosocomio la gente comenzó a concentrarse, en un gesto de solidaridad con los presos. Mientras tanto, negociaciones políticas mediante, la expulsión era casi un hecho. En febrero de 1993, la senadora del grupo nacionalista vasco Herri Batasuna, Eva Forest, y la dirigente de Gestora Pro Amnistía, Iosú Varela, habían advertido -en una entrevista realizada por La República- lo siguiente: “…Existe una política de exterminio hacia los presos en las cárceles españolas. Por eso decimos que una extradición de los presos vascos hacia España sería como imponer una pena de muerte”.
El primer enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que se encontraban acampando en torno al Hospital se produjo sobre las cinco de la madrugada del miércoles 24 de agosto de 1994. De ahí en adelante se desató una ola de violencia represiva. Ese día una tensa calma rodeaba la zona. Cerca de las 17 horas, el avión español arribó al país. La presencia policial aumentó considerablemente para enfrentar a los manifestantes, que hasta último momento se quedaron apoyando a los vascos, que permanecían internados en el hospital con un estado de salud muy delicado. Comenzó entonces la represión contra la gente, por la cual resultaron varias personas heridas, entre ellas, hombres, mujeres y niños. Gases lacrimógenos, sablazos y garrotazos fueron moneda corriente, mientras los manifestantes se defendían con piedras y puños. Incluso varios enfermeros que asistían a los heridos fueron atacados. El caso más recordado quizá es el del enfermero del SEMM, Esteban Massa, quien recibió cuatro impactos de bala cuando socorría a un herido que estaba tirado en la calle.
A las 20 horas aproximadamente, un conjunto de ambulancias, motociclistas y patrulleros arribaron por bulevar Artigas disparando contra la gente. Según varios testimonios, granaderos, coraceros y efectivos policiales se lanzaron contra la gente gritando “Vamo’ arriba, a no dejar uno vivo”. Mientras tanto, los centros de asistencia de Montevideo declaraban el estado de emergencia, debido a los centenares de heridos graves que debían atender.
Los enfrentamientos duraron hasta las 23 horas aproximadamente. A las 23:45, el avión partió a España contra la voluntad de los detenidos. Días después de la masacre, Lacalle suspendió las emisiones de las radios CX36 y CX44, las cuales trasmitían en directo lo que sucedía, acusándolas de “propalar información falsa e incitar a la violencia”. Finalmente CX44 fue clausurada.
El operativo dispuesto por el ministro del Interior, Ángel María Gianola, provocó la muerte de Fernando Morroni, alcanzado por varios balazos por la espalda a quemarropa. El joven manifestante había concurrido varios días a las concentraciones en solidaridad con los presos en huelga de hambre. Por este crimen, ningún policía resultó procesado. A pocas cuadras del Hospital, apareció muerto José Roberto Facal -quien había participado activamente de las manifestaciones tomando fotografías-. Si bien la versión oficial señala a Morroni como la única víctima mortal, existen testimonios que afirman que Facal fue asesinado y que su cámara –con fotografías que podrían implicar a muchos, según testimonios- nunca apareció. Mientras tanto, el Ministerio del Interior calificó el homicidio de Facal primero como un crimen pasional, luego como consecuencia de un robo.
Muchas sombras quedan por develar. Hoy, a 15 años de ese episodio, varios efectivos policiales que tuvieron responsabilidad directa en la represión de Jacinto Vera han sido ascendidos por el actual gobierno de Tabaré Vázquez, que les adjudicó cargos de confianza política. Raúl Guarino (actual Jefe de Policía de Flores), Juan Miguel Rolán (segundo del Regimiento de la Guardia Republicana, de la que depende la Guardia de Coraceros y Granaderos en Montevideo), Herodes Ruiz (Jefe de Policía de Lavalleja), Julián Rodríguez Alsina (Dirección Nacional de Cárceles, antes dirigida por Enrique Navas, quien también participó de los sucesos del Filtro), Jorge Deffes (Jefe de Estado Mayor de la Jefatura de Montevideo), son algunos de los efectivos que participaron del operativo de represión.
El pasado 4 de setiembre de 2008, Norma Morroni, madre de Fernando, presentó una carta ante el Ministerio del Interior, solicitando la apertura de los archivos de la represión del Filtro para conocer a los asesinos de su hijo, a la vez que tomó como propia la causa de Roberto Facal. Hasta el momento, no ha recibido respuesta del mencionado ministerio.
Asimismo, el 6 de setiembre de 2008, la organización de derechos humanos Plenaria Memoria y Justicia convocó a un escrache al ex presidente Luis Alberto Lacalle, a quien considera el principal responsable político de la masacre. Curiosamente, Lacalle respondió al escrache con la frase “No pasarán”, una consigna de resistencia republicana utilizada contra el fascismo español, y recibió la protección policial correspondiente.
Año tras año, la marcha que comienza con una concentración en el Obelisco a partir de las 18 horas y se extiende hasta el Hospital Enrique Claveaux (ex Filtro), recuerda los episodios de violencia ocurridos aquel 24 de agosto, a la vez que reclama justicia por la muerte de Morroni, Facal y los cientos de heridos que dejaron los hechos, y toma como propia la lucha por la autodeterminación del País Vasco.
Ana Martínez
Por El polvorín -